Entre 1990 y 2018, España perdió gran parte de su industria pero aumentó sus emisiones

En las salas de reuniones de la COP25, España está jugando el papel de dinamizadora de unas negociaciones que durante la primera semana de la cumbre no han avanzado gran cosa. Por ejemplo, uniéndose a Chile para persuadir al resto de países del mundo que se unan a la llamada Alianza por la Ambición Climática. Pero ¿cuenta nuestro país con crédito moral para liderar esta coalición?

El papel jugado durante el Protocolo de Kioto no fue especialmente vistoso para nuestro país, que se vio obligado a adquirir a Polonia unos 100 millones de toneladas de CO2 en créditos de emisiones para cumplir con sus obligaciones. No fueron los únicos, en total gastó más de 800 millones de euros en estos créditos entre 2008 y 2012.

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El año de referencia era 1990 y el objetivo en 2012 era emitir como mucho un 15% más que entonces. España era entonces un país bastante diferente al que es hoy, mucho más dependiente de la industria pesada, sin campos de aerogeneradores y con muchas centrales térmicas funcionando a pleno rendimiento, aunque si uno contempla la última relación de emisiones per cápita, ese pasado sigue asomándose.

Pese al cierre de las minas y la adaptación de las centrales térmicas, Asturias sigue en cabeza de emisiones per cápita debido principalmente a la actividad de empresas como Naturgy, EDP o ArcelorMittal, una de las principales empresas siderúrgicas del mundo y que mantiene dos plantas en Gijón y Avilés. El Principado es, al mismo tiempo, la comunidad autónoma que más ha reducido sus emisiones en estos últimos 28 años.

En general, en los últimos años, las emisiones fijas (industria, calefacción de los hogares o tratamiento de residuos) han ido disminuyendo en nuestro país, principalmente porque la producción de energía cada vez está más descarbonizada. Las malas noticias están en las emisiones petroleras, que se mantienen, y las difusas que aumentan, principalmente debido al transporte.

Este factor tiene una especial incidencia en las comunidades más extensas, donde el transporte privado en zonas con población dispersa se traduce en un balance mayor de emisiones individuales.

De ahí que ahora mismo en el top de las comunidades autónomas que más CO2 emitieron per cápita en 2018 estén, junto con Asturias, Castilla-León y Aragón.