Pelotazo en San Roque: Sotogrande quiere construir 2.900 viviendas en un bosque protegido

En la localidad gaditana de San Roque no dan crédito. Los terrenos de un bosque mediterráneo que se iban a convertir en ‘la joya ambiental’ de la zona van camino de desaparecer bajo una urbanización de lujo de 2.900 viviendas entre casas bajas y un edificio de 25 metros. Todo gracias a un convenio marco firmado por el Ayuntamiento de gobierno socialista y Sotogrande S.A., participada mayoritariamente por NH Hoteles, y con la Junta andaluza mirando hacia otro lado.

La urbanización ha sido denunciada por el grupo Los Verdes y varios vecinos del municipio. El Consistorio se apoya en que en el PGOU vigente los terrenos del ‘Bosque urbano El Encinar’ son urbanizables, sin embargo, existe un nuevo plan de urbanización en trámite en el que pasaban a ser zona de protección ambiental “y, según la ley del suelo andaluza, en el momento que existe un plan urbano en tramitación tanto el actual como el futuro quedan paralizados cautelarmente para evitar la especulación”, explica a este diario, Francisco Garrido, diputado de Los Verdes en el Congreso.

La Junta andaluza aún no se ha pronunciado al respecto ya que ni siquiera existen informes de impacto medioambiental. Mientras, “ya se están quitando las encinas, sin ponerlo en conocimiento de la Delegación provincial de Medio Ambiente”, puntualizó Garrido, “supuestamente para trasladarlas a otro sitio, pero se sabe que la mayoría se perderá porque deben estar en su hábitat para sobrevivir”.

La promotora de la futura urbanización es Sotogrande SA y ha pagado por los terrenos cinco millones de euros. Se calcula que la venta de estas viviendas reportará unos beneficios de más de 300 millones de euros teniendo en cuenta el valor actual del suelo, “pero la especulación puede elevar esa cifra hasta los 500 millones”, estima el diputado de Los Verdes. De hecho, la constructora es la empresa madrileña Arosa y “ya está ofertando las futuras viviendas en la zona”.

Para intentar paralizar el proceso, tanto a Sotogrande como el Ayuntamiento le esperan más denuncias, presentadas ante la Fiscalía correspondiente y ante la Comisión Europea por atentar contra un espacio protegido.

Los que se oponen al proyecto están convencidos de que se podrá conseguir algo pese a la dejación del Ayuntamiento y de la Junta, sobre todo porque “descalificar zonas que ya han sido protegidas puede resultar un pésimo precedente legal”, declara Francisco Garrido.