Ni códigos, ni decretos: ayuntamientos de toda España salvan del desahucio a cientos de familias

No son tan mediáticos como el Código de Buenas Prácticas para la banca o el recién aprobado Decreto Ley ‘antidesahucios’. Sin embargo, los resultados cosechados por las oficinas y servicios de intermediación hipotecaria repartidos por toda la geografía española y gestionados por organismos públicos, abogados y economistas, han conseguido en los últimos meses resolver la delicada situación de cientos de familias con problemas para pagar sus hipotecas.

Ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, en colaboración con los colegios de abogados de toda España, ofrecen a las familias con dificultades económicas y en riesgo de perder su vivienda un servicio público y gratuito de información, asesoramiento e intermediación con la entidad financiera, con el objetivo de encontrar una solución antes de que se produzca una demanda de ejecución hipotecaria o durante el proceso de esta.

Los resultados de estas iniciativas dejan en evidencia los conseguidos por el código de buenas prácticas, del que apenas se han podido beneficiar medio centenar de familias.

Para muestra, un botón. Desde 2010, Ofideute, servicio de la Generalitat de Catalunya, ha atendido a más de 2.000 familias y ha cerrado unos 1.500 expedientes. Dos de cada tres mediaciones finalizadas se han resuelto con algún acuerdo beneficioso para ambas partes. Etxebide, dependiente del departamento de Justicia del Gobierno Vasco, ha acogido desde su creación, en mayo, los casos de 130 familias con un 30% de procedimientos satisfactorios.

No son las únicas iniciativas. Desde en enero de 2012 han proliferado por toda la geografía española las denominadas Oficinas de Intermediación Hipotecaria. La primera nacía en la ciudad de Terrassa, gracias a un convenio entre el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados de la ciudad catalana. A esta iniciativa se sumaron más adelante una veintena de corporaciones locales y colegios de abogados. En todos estos casos, su labor es totalmente gratuita para el usuario.

En sus primeros meses de funcionamiento se han alcanzado porcentajes de éxito del 68%: daciones en pago con alquiler social posterior, refinanciación con o sin carencias... Porcentajes similares son los que se han registrado en las oficinas de Jerez, Cádiz, Granada, Almería, Córdoba, Girona, Manresa, Granollers, Ourense, Pontevedra, Zaragoza, Valencia, Castellón, Mataró, Antequera, Gijón, Málaga, Teruel, Pamplona, Jaén, Castellón, Antequera, Gijón, Málaga y Teruel.

Un balance también muy positivo para el Servicio de Apoyo por Desahucio, de Castilla León. Puesto en marcha el pasado 1 de noviembre, recibió en sus primeros 15 días peticiones de ayuda por parte de más de 134 familias, más de 77 de las cuales fueron atendidas con carácter de urgencia.

Menos restrictivo y de mayor alcance

Estos servicios, a diferencia del Código de Buenas Prácticas para la banca o el recién aprobado decreto 'antidesahucios' tienen un mayor alcance, aunque sí existen algunas restricciones, como, por ejemplo, que el afectado esté empadronado en el ayuntamiento o comunidad autónoma en cuestión o que se trate de la vivienda principal. 

En el País Vasco, por ejemplo, se exige que el valor de adquisición de la vivienda sea inferior a 350.000 euros y que la familia haya tenido una negociación fallida con la entidad financiera.

Sin embargo, el espectro de acción es mucho más amplio ya que no se establece un rango mínimo de ingresos ni situaciones familiares concretas. Basta con que la familia no pueda pagar la cuota de su hipoteca o prevea que llegará a esa situación. Algunas de estas oficinas también atienden incluso a personas avalistas de préstamos con garantía hipotecaria que, por motivo de impago, estén en riesgo de perder su vivienda principal.

Apuesta por la mediación entre el deudor y el banco

El esquema básico de funcionamiento de todas estas oficinas es la intermediación entre el deudor y la entidad financiera. Una intermediación por la que abogados y expertos del mercado hipotecario llevan apostando desde hace meses como herramienta para encontrar solución a los problemas económicos de cientos de familias.

"La banca debería pasar obligatoriamente por esta vía extrajudicial antes de ir a juicio. Hoy en día es una opción, pero no una obligación para la banca. No es tan cara y es más equitativa para el afectado ya que estarían presentes representantes de todos los implicados, incluyendo el afectado", apuntaba recientemente Javier Sevillano, abogado del despacho Legal & Media.